La Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, emitió un dictamen ante la Corte Suprema a favor de que se retire una sentencia contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el diputado nacional Fernando Sanchez, dictada en el marco de una demanda que les inició en el fuero civil el administrador general de la Corte Suprema , Héctor Daniel Marchi, que oficia de mano derecha de Ricardo Lorenzetti.
Carrió y Sánchez denunciaron al juez Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito. Marchi, hombre de extrema confianza del expresidente de la Corte, está al frente de los números de la Corte desde hace más de 10 años. El exjuez federal Sergio Torres archivó la denuncia por "inexistencia de delito", y eso habilitó a Marchi a contraatacar a Carrio y Sánchez con una demanda por daños y perjuicios en el fuero civil.
Héctor Marchi, el administrador general de la Corte que demandó a Carrió y a Fernando Sánchez por daños y perjuicios
Marchi dijo que afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la "inexistencia de interés fiscal en el caso". Y la Cámara Civil había dicho, en 2018, que los fueros de la entonces diputada no la protegían y que debía responder en caso de una condena. Esto significó un duro revés para la líder de la CC, que embistió una gran cantidad de veces contra Lorenzetti y Marchi.
Por eso, Carrió apeló el fallo ante la Corte, donde planteó que se amparaba en sus fueros, y esta le corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que ahora dictaminó a favor de Carrió y Sánchez.
La fiscal Laura Monti pidió que la sentencia sea revocada, al considerar que están en juego la libertad de expresión y las inmunidades parlamentarias de los demandados. Y planteó que como legisladores nacionales a Carrió y Sánchez se les habilita una tarea de control sobre la administración de los fondos del Poder Judicial.
"Las expresiones vertidas ante diversos medios periodísticos por la diputada Carrió en su carácter de legisladora nacional guardan conexidad con la función de control desempeñada por aquélla en el marco de investigaciones llevadas a cabo, juntamente con el codemandado Sánchez, sobre la administración de los fondos del Poder Judicial y la denuncia penal formulada por aquéllos resultó una derivación de tales investigaciones", escribió Monti.
La líder de la Coalición Cívica apeló una sentenca ante la Corte y la Procuración General de la Nación dictaminó a su favor Fuente: Archivo
"Resulta preferible adoptar un criterio amplio cuando se halla en juego la libertad de expresión y las inmunidades parlamentarias, pues de ese modo no se afectan las facultades de control del Poder Legislativo sobre las restantes instituciones", consideró Monti en el dictamen al que accedió LA NACION.
Marchi contó con el aval de los ministros Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, además del de Lorenzetti, para permanecer como administrador general de la Corte incluso durante la presidencia de Carlos Rosenkrantz.
La Corte no tiene plazo para resolver sobre el planteo de Carrió. Por estas horas las miradas están fijas sobre el máximo tribunal por el inminente fallo que confirmará o anulará los traslados de los juecesLeopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Por: Candela Ini
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Marchi dijo que afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la "inexistencia de interés fiscal en el caso". Y la Cámara Civil había dicho, en 2018, que los fueros de la entonces diputada no la protegían y que debía responder en caso de una condena. Esto significó un duro revés para la líder de la CC, que embistió una gran cantidad de veces contra Lorenzetti y Marchi.
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