El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y la organización Será Justicia alertaron sobre los riesgos de la avanzada kirchnerista para reformar la Procuración General de la Nación y reclamó al Senado que "tome las medidas adecuadas para contribuir a la construcción de un sistema de justicia independiente, sólido, transparente y ágil".
Las dos organizaciones hicieron foco en el proyecto presentado el viernes por el senador Alberto Weretilneck (Somos Río Negro), aliado del oficialismo, para reformar las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa con el fin de hacer más laxos los procesos de designación y remoción del procurador general y el defensor general.
La CGT y los Moyano cargan con el ajuste
"Se propone eliminar la exigencia de una mayoría especial, de 2/3 en el Senado de la Nación, para los procesos de nombramiento y destitución de las máximas autoridades del Ministerio Publico. De ser aprobado el proyecto, el oficialismo de turno podrá designar y remover libremente y por simples razones políticas a las cabezas del Ministerio Público sin la necesidad de generar acuerdos ni consenso, esenciales para asegurar su independencia, y su idoneidad técnica y moral objetivo claro fijado por el constituyente de 1994", señalan Fores y Será Justicia en un comunicado conjunto.
El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, autor de un proyecto de cambios en la Procuración Crédito: Juntos Somos Río Negro
La jugada alentada por Cristina Kirchner busca facilitar la designación de un procurador que reemplace al interino Eduardo Casal, a quien la vicepresidenta acusa de ser funcional a la oposición. Al mismo tiempo, implica un desafío para el presidente Alberto Fernández, cuyo candidato para el cargo, Daniel Rafecas, ha dicho públicamente que no aceptaría ser designado por una mayoría simple.
Fores y Será Justicia recuerdan que el proyecto de Weretilneck "también elimina la exigencia de que la decisión de remoción de estos funcionarios se realice a través del juicio político", lo que "afecta seriamente la estabilidad, autonomía funcional e independencia" que la Constitución les garantiza. "El proyecto inclusive incorpora la posibilidad de suspensión de oficio de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos".
Autonomía
Recuerdan las entidades que la Procuración "es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República", conforme a la Constitución. Y cuestiona las acciones que desde distintas comisiones del Senado persiguen destituir a Casal.
"Más dañino aún a la independencia prevista por la Constitución al Ministerio Público es la pretensión del proyecto de ampliar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento encargado de remover a los fiscales, incorporando a éste a 3 integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso -añaden-. De este modo, el proyecto procura asegurar la mayoría política oficialista en el tribunal sobre los restantes estamentos, lo que se ve agravado por el requisito de que este siempre sea presidido por un representante del Congreso".
Consideran que así "se pone en riesgo la garantía de estabilidad en el cargo de los fiscales, garantía imprescindible para que los fiscales puedan investigar de manera independiente y objetiva, lo que reviste particular importancia en casos de narcotráfico, trata de personas y corrupción". Por eso, califican de "inconstitucional" la iniciativa del senador rionegrino. "Representa un grave peligro para la división de poderes propia de nuestra forma republicana de gobierno", advierten.
Recordaron además la postura reflejada en 2017 por un grupo amplio de ONG: "El requisito de una mayoría agravada para la designación tiene como fin elegir a una persona que cuente con un amplio consenso, y que cumpla adecuadamente con los requisitos de idoneidad técnica y moral e independencia".
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La jugada alentada por Cristina Kirchner busca facilitar la designación de un procurador que reemplace al interino Eduardo Casal, a quien la vicepresidenta acusa de ser funcional a la oposición. Al mismo tiempo, implica un desafío para el presidente Alberto Fernández, cuyo candidato para el cargo, Daniel Rafecas, ha dicho públicamente que no aceptaría ser designado por una mayoría simple.
Fores y Será Justicia recuerdan que el proyecto de Weretilneck "también elimina la exigencia de que la decisión de remoción de estos funcionarios se realice a través del juicio político", lo que "afecta seriamente la estabilidad, autonomía funcional e independencia" que la Constitución les garantiza. "El proyecto inclusive incorpora la posibilidad de suspensión de oficio de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos".
Recuerdan las entidades que la Procuración "es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República", conforme a la Constitución. Y cuestiona las acciones que desde distintas comisiones del Senado persiguen destituir a Casal.
"Más dañino aún a la independencia prevista por la Constitución al Ministerio Público es la pretensión del proyecto de ampliar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento encargado de remover a los fiscales, incorporando a éste a 3 integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso -añaden-. De este modo, el proyecto procura asegurar la mayoría política oficialista en el tribunal sobre los restantes estamentos, lo que se ve agravado por el requisito de que este siempre sea presidido por un representante del Congreso".
Consideran que así "se pone en riesgo la garantía de estabilidad en el cargo de los fiscales, garantía imprescindible para que los fiscales puedan investigar de manera independiente y objetiva, lo que reviste particular importancia en casos de narcotráfico, trata de personas y corrupción". Por eso, califican de "inconstitucional" la iniciativa del senador rionegrino. "Representa un grave peligro para la división de poderes propia de nuestra forma republicana de gobierno", advierten.
Recordaron además la postura reflejada en 2017 por un grupo amplio de ONG: "El requisito de una mayoría agravada para la designación tiene como fin elegir a una persona que cuente con un amplio consenso, y que cumpla adecuadamente con los requisitos de idoneidad técnica y moral e independencia".
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