La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, Cecilia Guerrero (FT), presentó un proyecto de ley para que los delitos cometidos o agravados por violencia de género y los delitos contra la integridad sexual sean considerados una causal de cesantía en los tres poderes de ese Estado provincial, y a su vez que se le permita a la víctima de estos delitos la posibilidad de acceder al derecho del empleo público.
El proyecto propone, en primera medida, considerar la violencia de género como "una ofensa a la dignidad de las mujeres y diversidades y una violación grave a sus derechos humanos". En función de esto, pretende señalar que los hechos de violencia de género cometidos por funcionarios, empleados y agentes del Estado provincial en sus tres poderes "constituyen conducta indecorosa e indigna de la consideración y confianza que su estado oficial exige, y resultan incompatibles con el acceso, ejercicio y permanencia en la función pública", ya sea que estos hechos se produzcan en el ámbito de sus relaciones personales, familiares o laborales.
Con esta incompatibilidad no podrían ingresar ni permanecer como funcionarios o empleados del Estado aquellas personas condenadas por sentencia firme, por delitos cometidos mediante el ejercicio de violencia de género, delitos agravados por violencia de género, y delitos contra la integridad sexual.