Niños indígenas desnutridos, mineros ilegales que atacan aldeas, brotes de malaria y lotes de fármacos sin eficacia comprobada enviados por el gobierno para combatir el covid-19.
Las denuncias se repiten al mismo ritmo que las peticiones de ayuda, pero la escalada de conflictos en el Territorio Indígena Yanomami, entre los estados de Roraima y Amazonas y lindante con Venezuela, no cesa.
Llegados en una lancha a motor, un grupo de mineros ilegales atacó hace unos días a la comunidad de Paliminú. Madres con sus bebés en brazos corrieron para refugiarse de las balas e incluso la Policía que acudió a la zona para investigar lo sucedido fue tiroteada.
La situación es tan grave que esta semana Luis Roberto Barroso, un juez de la Corte Suprema, ordenó que el Gobierno adopte de manera inmediata medidas para proteger los Territorios Indígenas Yanomami y también a los Mundurucu, en el estado de Pará (norte).
"Cuando los 'garimpeiros' están tan fuertemente armados se ve el dinero que hay detrás"
La actividad de los 'garimpeiros' (mineros ilegales) no es nueva en los territorios Yanomami, que cuentan con más de 96.000 kilómetros cuadrados –dos veces el tamaño de Suiza– donde viven unos 28.000 indígenas en 360 aldeas. Pero los especialistas sí ven un cambio en la figura del 'garimpeiro'.
"En los años 80 y 90, el 'garimpeiro' era una persona pobre que buscaba trabajo, un sueldo. Los empresarios y gente con dinero pagaban sus vuelos y cobraban una tasa. Hasta cierto punto estaban controlados por estos dueños de compañías", explica a RT Fiona Watson, directora de campañas de Survival.
Ahora a muchos de esos 'garimpeiros' –se estima que hay más de 20.000– se les vincula con bandas como el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil, que domina el narcotráfico en Roraima.
"Cuando los 'garimpeiros' están tan fuertemente armados se ve el dinero que hay detrás. Se envían avionetas, helicópteros, grandes cantidades de gasolina, lo que implica a personas por detrás con muchísimo dinero, intereses políticos y económicos. Esto es muy preocupante", comenta Watson.
Asociaciones como la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denuncian que el Estado "promueve la furia codiciosa" de la agroindustria, las empresas mineras y los fondos de inversión internacionales, lo que "fomenta la acción de los traficantes de tierra, los invasores y tantos otros criminales que siguen avanzando hacia los territorios indígenas".
En concreto, la minería ilegal ha ocupado un total de 2.400 hectáreas en el Territorio Indígena Yanomami, lo que equivale a 2.400 campos de fútbol. Fotografías tomadas por satélite reflejan cuánto han destruido y cómo se han ido asentando los mineros. "Tienen pueblos con campos de fútbol, bares, restaurantes. Esto es algo relativamente nuevo. No era así en los años 80", dice Watson.
"Ni el Ejército, que tiene cuarteles desde hace muchísimos años en la zona, ni la Policía Federal hacen nada para parar esto. Están con los brazos cruzados. ¿Por qué? Por la presión política y económica", lamenta.
Los 'garimpeiros' agravan la deforestación, la contaminación de los ríos por el uso del mercurio, la violencia contra las comunidades y propagan enfermedades como la malaria o el covid-19. La foto de una niña famélica reposando en una hamaca en una aldea yanomami y la muerte días después de un niño de un año que pesaba tres kilos vuelve a poner sobre la mesa el abandono de estos pueblos.
Fotos assim eram comuns dos anos 90 pra trás e estão voltando a ser realidade em pleno 2021. Todos os avanços que tivemos como sociedade e como nação foram destruídos rapidamente. Nada disso é justo, não há alegria e satisfação alguma em ser brasileiro no momento.