Los hospitales públicos de España deberán garantizar el derecho al aborto, según recoge la reforma de la ley en esta materia, algo que no sucede en la actualidad en la mayoría de estos centros del país.
Según ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su comparecencia en el Congreso, esta será una de las novedades más relevantes. Así, todos los centros que cuenten con servicios de ginecología y obstetricia deberán garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en sus instalaciones y no se podrán acoger a la objeción de conciencia en bloque, ya que se trata de un derecho individual.
Aún así, Montero ha subrayado que la objeción de conciencia será respetada "escrupulosamente", haciéndola compatible con "el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos".
Vamos a garantizar el derecho al aborto de todas las mujeres. En centros públicos. Sin obstáculos