El Consejo Federal de Suiza ha anunciado de manera oficial su determinación de congelar de forma inmediata todos los activos pertenecientes a Nicolás Maduro y a otras personas vinculadas a su administración que se encuentren en Suiza. Esta medida, según el Gobierno helvético, tiene como objetivo principal impedir la fuga de activos en el contexto de la inestabilidad política que ha surgido tras la reciente detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos.
Conforme a la información emitida por el Consejo Federal, la congelación de activos se basa en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Las autoridades suizas han enfatizado que esta decisión constituye una medida cautelar destinada a bloquear cualquier intento de transferir fondos fuera del país, especialmente en un contexto de posible cambio de poder en Venezuela.
La disposición anunciada se suma a las sanciones existentes contra Venezuela desde 2018, las cuales fueron establecidas bajo la Ley de Embargo y ya incluían la congelación de activos relacionados con determinadas figuras y entidades venezolanas. No obstante, el Consejo Federal ha especificado que las nuevas regulaciones adoptadas bajo la FIAA están dirigidas particularmente a individuos que no habían sido previamente incorporados en las listas de sanciones suizas, ampliando así el alcance de las restricciones económicas.
En el comunicado oficial, las autoridades suizas han subrayado que la caída del régimen de Maduro no constituye un elemento clave para la aplicación de la FIAA, ni tampoco las circunstancias legales internacionales que rodean dicha caída. El factor determinante para la adopción de esta medida es el hecho objetivo de un cambio de poder, lo que habilita a Venezuela a iniciar potenciales procedimientos legales respecto a los activos que puedan haber sido acumulados de manera irregular durante el gobierno de Maduro.
La congelación de activos decretada tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisión dependiendo de la evolución de la situación política y judicial. Esta acción, según el Consejo Federal, refleja un compromiso con la justicia y la legalidad en la gestión de activos asociados a figuras políticas expuestas.
A través de esta iniciativa, el Gobierno suizo busca asegurar que, en caso de que se determine que los activos congelados fueron adquiridos de forma ilícita, estos puedan ser utilizados para el beneficio del pueblo venezolano, garantizando así que la justicia prevalezca en el manejo de los recursos públicos.