El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha delineado un plan que implica un cobro de US$ 1.000 millones a los países que deseen obtener un asiento permanente en la nueva Junta de la Paz, una iniciativa que busca redefinir las dinámicas de la gobernanza internacional.
Un borrador del estatuto indica que cada Estado miembro tendría un mandato limitado a un máximo de tres años, a partir de la implementación del mismo, aunque esta duración podría ser extendida si el país en cuestión contribuye económicamente durante el primer año. Este aspecto fue revelado por fuentes cercanas a la situación que tuvieron acceso al documento.
La formalización de la Junta de la Paz requeriría la aceptación del estatuto por parte de al menos tres Estados miembros, lo cual se presenta como un desafío, dado que varias naciones han manifestado su desacuerdo con los términos propuestos, lo que podría complicar su establecimiento.
El borrador sugiere que Trump tendría autoridad sobre la gestión de los fondos recaudados, un punto que podría resultar inaceptable para muchos países que contemplan la posibilidad de unirse a la Junta, según indicaron expertos en relaciones internacionales.
De acuerdo con el documento, Trump sería el primer presidente de la Junta, y tendría la potestad de decidir quiénes formarán parte de ella. Las decisiones se adoptarían mediante votación mayoritaria, donde cada Estado tendría derecho a un voto, aunque todas tendrían que contar con la aprobación del presidente.
Adicionalmente, Trump establecería las fechas y los lugares para las reuniones de votación, las cuales deberán llevarse a cabo al menos una vez al año, y sería responsable de definir la agenda. En caso de ser necesario, el presidente también tendría la facultad de destituir a un miembro, aunque esto requeriría el apoyo de una mayoría de dos tercios entre los Estados miembros.