Desde el inicio del mes de enero del presente año, las autoridades de Irán han implementado un apagón generalizado de internet y servicios de telefonía móvil, medida que se justifica oficialmente como parte de los esfuerzos para "mantener el orden público" en el contexto de manifestaciones que han congregado a miles de ciudadanos insatisfechos con la situación económica y política imperante. Este bloqueo ha dejado a más de 90 millones de personas sin acceso a plataformas de información internacionales, redes sociales y servicios de mensajería, resultando en una desconexión casi total de la población con el exterior.
Las protestas comenzaron a finales de diciembre de 2025 y rápidamente evolucionaron hacia un movimiento nacional que desafía al gobierno teocrático y a la élite gobernante. Las demandas de los manifestantes abarcan exigencias de reformas profundas en el sistema político y críticas contundentes a la gestión económica, caracterizada por la inflación desmedida, la depreciación del rial y un incremento significativo en el costo de vida.
En respuesta a esta ola de descontento, el régimen ha establecido restricciones extremas en el acceso a internet y medios de comunicación desde el 8 de enero, constituyendo uno de los apagones digitales más prolongados en la historia reciente de Irán. Esta interrupción de las comunicaciones no solo ha restringido la capacidad de organización de los ciudadanos, sino que también ha complicado la verificación de la información sobre los acontecimientos en el terreno.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que las fuerzas de seguridad han empleado una violencia desmedida para reprimir las manifestaciones, con reportes que indican miles de fallecimientos y decenas de miles de detenciones, aunque la naturaleza del apagón dificulta la corroboración exacta de estas cifras.
La desconexión digital ha tenido repercusiones económicas devastadoras, impactando a negocios locales y a la actividad económica en su conjunto, dado que muchas empresas dependen de plataformas digitales para su funcionamiento. Esta situación ha exacerbado la crisis económica en un país que ya enfrenta desafíos significativos.
Por otro lado, la comunidad internacional observa con creciente inquietud lo que parece un uso sistemático de apagones de comunicación como mecanismo de control social. Varios países y organismos han expresado la necesidad de respetar los derechos humanos y de garantizar el acceso a información veraz desde Irán. Algunas fuentes sugieren que las autoridades iraníes consideran la posibilidad de restaurar parcialmente el servicio de internet de forma gradual, aunque sin ofrecer garantías claras sobre un acceso completo o sin restricciones.