El Gobierno de España ha anunciado una nueva medida migratoria que favorecerá a los ciudadanos argentinos en situación irregular, quienes hayan llegado al país hasta mediados de 2025. Este martes, el Consejo de Ministros llevará a cabo la aprobación del inicio del proceso correspondiente a un real decreto que contempla la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de extranjeros que se encuentran en territorio español desde antes del 31 de diciembre y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia.
La iniciativa ha sido presentada por el Ejecutivo tras un acuerdo establecido con el partido Podemos, que busca facilitar la regularización de una gran cantidad de personas actualmente en situación de irregularidad. Esta comunicación se produjo en un contexto de colaboración entre el PSOE, partido gobernante, y la formación de izquierda.
Según declaraciones de Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, la medida implica que “tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”. Esta afirmación subraya el compromiso del Gobierno para abordar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos inmigrantes.
Los solicitantes podrán presentar evidencias de su residencia a través del empadronamiento municipal, así como mediante otros documentos como un informe médico, un contrato de suministro de energía eléctrica o un certificado de envío de dinero. Esta última opción ha sido particularmente demandada por entidades sociales, dado que muchos inmigrantes en situación irregular enfrentan obstáculos significativos para acceder al padrón municipal.
Una vez que se inicie la tramitación de la solicitud, se otorgará una autorización de residencia y trabajo por un año, además de suspender automáticamente cualquier proceso de retorno o las órdenes de expulsión que pudieran existir en contra de la persona. Esta medida representa un avance en la protección de los derechos de los inmigrantes.
Al finalizar el período de un año, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria conforme a las normativas vigentes en materia de extranjería. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta disposición tiene como finalidad primordial garantizar los derechos de los inmigrantes y proporcionarles seguridad jurídica en su situación actual.
El carácter del real decreto permite al Gobierno español evitar la necesidad de convalidación parlamentaria, lo cual facilita la implementación de esta medida en un contexto donde los socios del Gobierno han encontrado dificultades para obtener apoyos en materia migratoria. A lo largo de las últimas décadas, tanto el PSOE como el Partido Popular (PP) han llevado a cabo sucesivos procesos de regularización para abordar la situación de los inmigrantes sin derechos y combatir la economía informal.